¡Hola!! ¿Cómo te trata marzo…? Después del Paro Internacional Feminista que cumplimos ayer, con amplias concentraciones en distintas ciudades, sigue una semana intensa en actividades y convocatorias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es el primero que conmemoramos con ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo: ahora reclamamos que se cumpla en todo el país, pero es fundamental recordar que ya tenemos esta Ley para destacar que sin nuestros reclamos, sin nuestras voces en las calles, en los medios, en lugares de decisión, en el Congreso, no hay ampliación de derechos para mejorar nuestras vidas.  

Nosotras movemos el mundo 

Y hablando de ampliación de derechos y de mejorar nuestras vidas, te quiero contar una historia muy especial.

A mediados de febrero de 2020 viajé a El Salvador. Es el país más pequeño de Centroamérica, con apenas 6 millones de habitantes. Su territorio, supe al llegar, se lo disputan tres maras. Tiene, además, una de las tasas más altas de femicidios de la región --3,3 cada 100 mil mujeres--, tres veces mayor que la Argentina. 

Viajé con Victoria Bornaz, productora audiovisual, con dos cámaras prestadas, mis libretas, y un grabador Panasonic a pilas que me acompaña desde hace más de diez años. En la puerta del aeropuerto de San Salvador, bajo un cielo azul brillante y un sol que nos recordó que estábamos cerca del trópico, nos encontramos con Luciana Rodrígues Dacunto, realizadora argentina que había volado desde México, donde estaba circunstancialmente. Nunca habíamos trabajado juntas. Apenas nos conocíamos. 

Unos meses antes les había propuesto ser parte de un nuevo proyecto –autogestionado-- que me movilizaba: registrar en un documental una de las situaciones más dramáticas de violación de los derechos humanos de las mujeres que ocurren actualmente en Latinoamérica: En El Salvador, desde 1998, el aborto está criminalizado siempre, incluso cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, si el embarazo es producto de una violación o si se trata de un feto anencefálico, sin posibilidades de sobrevida. La legislación sobre aborto es una de las más restrictivas del mundo. Las mujeres no tienen derecho nunca a interrumpir el embarazo y son obligadas a continuar las gestaciones, aun bordeando su muerte, mientras haya latido fetal. Como le sucedió a la médica gineco-obstetra Xiomara Argueta, que en 2010 enfrentó un embarazo ectópico, y casi muere, porque no querían intervenirla. Xiomara fue una de nuestras entrevistadas. “Yo sabía que el bebé que tenía adentro no tenía ninguna probabilidad de vida y que yo me podía morir con él”, nos dijo, mientras su cara redonda se transformaba con el recuerdo de esa situación límite. Finalmente, después de haber estado en cuidados intensivos y sufrir varias hemorragias, tuvo un aborto espontáneo. Eso la salvó. El Salvador es el único país que no opera los embarazos ectópicos. 

Para muchas mujeres en ese país, patio trasero de los Estados Unidos, plagado de iglesias evangélicas, sus libertades están coartadas por una cultura machista que se refleja en costumbres pero también en la respuesta institucional. La violencia sexual está naturalizada –y se denuncia muy poco--. Y el suicidio es la primera causa indirecta de muerte materna en adolescentes: es decir, las pibas, embarazadas muchas veces a manos de pandilleros, se quitan la vida con veneno de ratas al no poder recurrir a un aborto.

Con la eliminación de las causales de no punibilidad llegó una orden a los hospitales de la Fiscalía General para que denunciaran a las mujeres que ingresaban con sospecha de aborto. “Se nos fue educando a los médicos en esa cultura de denunciar”, nos dijo la gineco-obstetra Aurora Zalazar. Nos atendió en su consultorio privado. Es médica en el Hospital San Miguel, en el oriente del país. ”Denunciábamos aunque no estuviéramos seguras y fuera una sospecha”, reconoció ante la cámara. Así, en los últimos años decenas de mujeres han salido de un hospital a la cárcel. Muchas de ellas, incluso, sin haber pasado por un aborto provocado sino por una emergencia obstétrica, pérdidas involuntarias, partos precipitados extrahospitalarios en zonas rurales, --alejadas a varias horas de la atención sanitaria-- y han terminado con condenas a 30 o 40 años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Conocimos a 13 de ellas en la cárcel granja de mujeres de Zacatecoluca, a una hora y media de San Salvador. Sus historias tienen dos denominadores comunes: son pobres y ninguna tuvo una defensa justa. En algunos casos, el defensor oficial asignado ni sabía el delito que se les imputaba ni sus nombres. Como nos contó Cynthia Marcela Rodríguez Ayala, de 31 años. Estuvo detenida en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango, con una condena a 30 años y pudo recuperar su libertad con una conmutación de pena al cumplir diez años y nueves meses de encierro. 

--¿Por qué fuiste condenada? –le pregunté, en su casa, muy precaria, en el municipio de Apopa, al norte de la ciudad de San Salvador. 

--Pues al principio me dijeron que estaba detenida por aborto, luego me cambió el delito y me quedó a homicidio agravado. En el 2008, cuando me capturaron estaba embarazada y tuve un parto extra hospitalario. Mi bebé nació en la casa y no respiró. Cuando me llevaron al hospital me atendieron y cuando vine a despertar ya estaba yo con las esposas en la mano, en la camilla, y me dijeron que estaba detenida porque había matado a mi hijo. Luego, me llevaron a Bartolinas (un lugar de detención temporario), estuve ahí tres días y me pasaron al Centro de Readaptación de Mujeres, de Ilopango. Me hicieron audiencia preliminar en la que yo no estuve presente. Porque cuando llegó mi abogado, porque siempre me cambiaban de abogados, él ni me conocía, no sabía el delito por el que estaba… él me dijo que le explicara yo cómo había sido y yo le dije que no sabía. Si él no sabía mucho menos iba a saber yo cómo iba mi proceso, y me dijo que lo esperara y cuando entró ya se había hecho la audiencia y lo habían hecho en mi ausencia y yo ya estaba presente ahí y no me dejaron entrar. Cuando me hicieron la audiencia pública en la que me penaron con treinta años, fue otro abogado también que ni siquiera se levantó a hablar, no me defendió y cuando el juez pidió mi palabra inmediatamente él dijo que yo no tenía nada que decir, entonces no dejó que yo me defendiera.

El veredicto de culpabilidad le llegó a Cinthia, como a las otras mujeres, atado al estigma de ser “malas madres”, en un país en el que es muy difícil salirse del destino de la maternidad. Y es tan fuerte la maldición que pesa sobre ellas que al entrar a la prisión deben ocultar el motivo de la condena, aunque sea injusto, porque si se conoce, las otras detenidas les darán una golpiza para aleccionarlas. Y la pasarán muy mal por el resto del tiempo que dure el encierro.

A pesar de esta realidad, lo más maravilloso es que estas mujeres ya no están solas: desde hace poco más de una década la Agrupación Ciudadana, un colectivo de mujeres feministas y algunos varones –también feministas— empezaron a trabajar para que se las libere: buscan que se revisen sus condenas, se las indulte o conmute la pena. Primero lo hicieron muy en soledad porque pocas personas querían comprometerse con este tema tabú en El Salvador. Ahora, trabajan en articulación con otras organizaciones que registraron la gravedad del problema. Ya lograron sacar de la cárcel a ¡46 mujeres, entre ellas, a Cinthia! Quedan con condenas firmes otras 15 y seis más con procesos judiciales activos. El último miércoles, me contó con mucha alegría Sara García, una de las integrantes de la Agrupación, lograron el sobreseimiento definitivo de otra. También vienen trabajando para cambiar el imaginario social sobre el aborto en el país y lograr la despenalización en las mismas causales que había antes de la reforma legal de 1998: en caso de riesgo para la vida de la mujer, de violación y cuando hay malformaciones fetales graves. En una década, han logrado cambios notables.

¿Qué es ser feminista hoy?, me preguntaron para el #8M: Y yo digo: Es trabajar cada día, como lo hace la Agrupación Ciudadana y sus aliadas, --y tantas otras colectivas y mujeres y disidencias más o menos organizadas- por desarmar una injusticia reparable: en el territorio, en las cortes, en los medios, en un banca en el Congreso... En El Salvador, en la Argentina, en cada uno de los lugares del planeta donde las injusticias siguen marcando nuestras vidas. Tratar de cambiar esas realidades: de eso se trata. 

Repercusiones de una jornada de lucha colectiva
  
1.    El #8M nos dejó numerosas movilizaciones y concentraciones en todo el país –en la ciudad de Buenos Aires, la principal se hizo frente al Congreso con una impresionante concurrencia— con un amplio pliego de demandas en el marco de un nuevo Paro Internacional Feminista, donde el reclamo por una reforma judicial feminista y contra una justicia patriarcal que no previene los femicidios fue uno de los ejes. Seguir leyendo. 
  
2.    Como te adelanté el lunes en Página/12, el Consejo de la Magistratura convocó a un plenario extraordinario por el Día Internacional de la Mujer y aprobó dos propuestas, que apuntan a dar señales a la sociedad de un compromiso en la lucha para prevenir los femicidios. Se aprobaron por unanimidad, la creación de un Registro Público de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género y la realización de una auditoría en los juzgados --nacionales y federales-- para revisar las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género. Seguir leyendo
  
3.    El Gobierno formalizó su decisión de “construir una política de Estado” contra las violencias de género: el Presidente Alberto Fernández reunió a todxs los gobernadorxs y al jefe de Gobierno de la Ciudad en un acto en el Museo del Bicentenario para invitarlos a sumarse a esa propuesta que delineó en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. “Del mismo modo que construimos memoria, verdad y justicia para los delitos de lesa humanidad, por favor, comprometámonos a ponerle fin a la desigualdad en razón del género, a construir una sociedad igualitaria, a no discriminar a nadie por su condición de género, y a ser la sociedad justa que nos merecemos”, exhortó el mandatario al encabezar la firma del acta compromiso  "Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”. Esperemos que se traduzca en cada rincón del país en medidas concretas para prevenir y dar respuesta a las mujeres y personas con cuerpos feminizados que denuncien, además de presupuesto adecuado para programas y áreas involucradas provinciales y municipales involucradas y sobre todo, que la justicia demuestre que las vidas de las mujeres le importan.  
 
4.    En lo que va del año se registraron al menos 55 femicidios, según los observatorios de la sociedad civil.
 
5.    Un informe de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres) de los casos de femicidio entre 2015 y 2019 investigados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, revela que solo el 55 por ciento tiene sentencia. Y apenas 1 de cada 2 femicidios es calificado como tal en las sentencias judiciales. “Dimos grandes pasos, falta mucho”, resumió la titular de la UFEM, Mariela Labozzetta. 

 
Cortitas pero importantes

Con seis años de demora 
Empezó el Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal general Julio César Castro, suspendido en su cargo tras ser condenado en 2019 a seis años y seis meses de prisión por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades y lesiones leves agravadas en perjuicio de su ex pareja. Está en libertad sin condena firme a pesar de la pena que le aplicaron, que es alta. El Jury, por el cual podría ser destituido, es por el acoso sexual y laboral a varias empleadas en Tribunales. Lo grave es que pasaron casi seis años desde que se lo denunció. Paradójicamente Castro era  un reconocido fiscal, con 35 años de trayectoria, y estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en delitos sexuales (UFISEX) y se encontraba concursando para un cargo de juez en los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de CABA. Habría percibido su último sueldo de la Procuración en agosto de 2020.
Una historia que tenés que conocer
La de Jessica Millaman, la primera jugadora de hockey trans de Argentina. Seguir leyendo

GPS para quedarse en casa

       
Esta vez viene con autobombo: Este miércoles a las 20.30 nos encontramos con la gran periodista y escritora Luciana Peker en un vivo de Instagram invitadas @vicentelopezcultura. La idea es repasar lo que dejó el #8M y recodar los orígenes de esta fecha tan emblemática, las luchas de las pioneras que nos marcaron el camino y la agenda presente y futura en términos de ampliación de derechos. Te lo cuento por si te interesa nuestra tertulia, como diría mi abuela Minina. 

Espero que te haya interesado este punteito de temas destacados de la semana. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes.

Idea y Realización de RadioBar Producciones

www.peorparaelsol.com.ar

“Si la justicia es machista, que sea feminista la memoria”, escribe Zuleika Esnal

Argentina en

#EmergenciaNacionalPorViolenciaDeGenero

#ParenDeMatarlas

*Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital)